Boletín de Prensa
3 de diciembre de 2024
Piden una política de Estado que apoye la agroecología y prohiba los plaguicidas altamente peligrosos en México en el Día Internacional del No uso de plaguicidas
En el Día Internacional del No uso de Plaguicidas más de 500 firmantes, entre organizaciones, académicos, técnicos agrícolas y ciudadanos, enviaron una carta a diversas autoridades federales pidiendo se establezca una política de Estado que profundice la transformación agroecológica de los sistemas agrícolas tanto de los pequeños, medianos y grandes productores, con una política rural integral y la reducción del uso y prohibición progresiva de plaguicidas altamente peligrosos, mediante una política intersecretarial con un enfoque de derechos humanos.
En la carta dirigida a los titulares de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y a la Procuraduría Agraria, se plantea una articulación de los organismos mencionados para impulsar una serie de acciones, pues hasta el momento y a pesar de los esfuerzos realizados durante el sexenio, persiste un régimen regulatorio neoliberal y discrecional que prioriza el interés de las empresas que dominan el mercado, afectando los derechos humanos y la salud de la población y de los ecosistemas. Lo anterior debilita la acción de los organismos reguladores en sus obligaciones de proteger el interés público frente a los efectos adversos de los agrotóxicos.
La carta destaca que dicha política de Estado debe establecerse con “objetivos, metas, estrategias y prioridades que sean medibles, evaluables y monitoreables” tal como se plantea en la Recomendación de la Comisión Nacional de los derechos Humanos (CNDH 82/2018) que fue aceptada por las autoridades federales de Cofepris, Sader y Semarnat al inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador. “Se requiere una política de Estado articulada para cumplir con esta recomendación de la CNDH, que aún no se ha cumplido, afirmó Fernando Bejarano, director de la Red de Acción sobre Plaguicidas y sus Alternativas en México (RAPAM) y añadió:
“El problema va mucho más allá de los esfuerzos gubernamentales efectuados en el sexenio anterior para prohibir el glifosato y documentar las evidencias que demuestran que si hay alternativas”. En efecto, la carta enfatiza que en México como resultado de políticas neoliberales, aún existen 204 Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP) autorizados por Cofepris, con una amplia diversidad de efectos adversos a la salud y al ambiente, graves o irreversibles, como son: toxicidad aguda alta que puede causar la muerte en humanos, organismos acuáticos y abejas, o una toxicidad crónica, asociada con ciertos tipos de cáncer, daños reproductivos, alteraciones hormonales, entre otros problemas de salud pública; además de plaguicidas con una alta persistencia en agua, suelo o sedimentos. Así también, existen 151 plaguicidas autorizados por Cofepris que están prohibidos o no autorizados en otras partes del mundo, incluyendo a algunos países con los que tenemos acuerdos comerciales. Cabe advertir que muchos de estos permisos fueron otorgados con una vigencia indeterminada y no se conoce con exactitud si se siguen usando.
“ Se debe continuar y profundizar los apoyos a la Agroecología con una política rural integral para el mejoramiento de la fertilidad del suelo, el manejo agroecológico de plagas y enfermedades y arvenses, el cuidado y uso eficiente del agua” apuntó Rocío Romero coordinadora del Movimiento Agroecológico Latinoamericano (Maela) en Mesoamérica “se debe reconocer la capacidad de innovación y experiencia acumulada de las organizaciones de campesinos e indígenas, de la agricultura orgánica y agroecológica, y crear espacios para su participación ”.
En la carta se plantea que se deben generar políticas de prevención y protección a la salud ambiental y a grupos de población en situación más vulnerable: trabajadores agrícolas, niñas y niños, mujeres embarazadas, comunidades rurales expuestas, consumidores, así como, el ejercicio del derecho a la información ciudadana y medios de reparación de daños “Hay una amplia evidencia científica de los daños que causan numerosos plaguicidas altamente peligrosos usados en México que se han documentado en México y en la literatura científica internacional” aseguró Yael Yvette Bernal Hernández, de la Universidad Autónoma de Nayarit y coordinadora de la Red Temática de Toxicología de Plaguicidas.
La carta detalla las acciones que debería implementarse en esta política de Estado como: la prohibición del uso de los insecticidas fipronil y de neonicotinoides como imidacloprid, responsables de la muerte masiva de abejas y prohibidos para uso agrícola en la Unión Europea; el cumplimiento del decreto de prohibición gradual del glifosato establecido en el decreto presidencial de 2023; crear un sistema nacional de información y vigilancia integral sobre el uso de plaguicidas, que garantice el derecho público a saber qué plaguicidas se usan, dónde, cuánto y cuándo; asesorar a ejidos y comunidades sobre las consecuencias de permitir el uso de PAP en los contratos de renta de tierras y apoyar las decisiones de las asambleas ejidales y comunales de actualizar sus reglamentos y trabajar con los municipios que impulsen políticas agroecológicas libres de agrotóxicos y transgénicos; fortalecer la capacidad analítica de las instituciones de enseñanza e investigación del sector público; el incluir a los plaguicidas altamente peligrosos en la agenda de cooperación internacional para lograr la reducción de su volumen y uso de acuerdo a metas acordadas en el Convenio de la Biodiversidad, y participar en la Alianza Mundial sobre el uso de Plaguicidas acordada en otro marco estratégico voluntario sobre productos químicos. El cumplimiento nacional de los acuerdos multilaterales. Una gran parte de estas propuestas se detallan en la Agenda socioambiental 2024: diagnósticos y propuestas, publicada por la UNAM.
Por último, en la carta se hace un exhorto a la Cámara de diputados para que no se siga reduciendo el presupuesto de las actividades de regulación, vigilancia sanitaria y ambiental de la Cofepris, Semarmat y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como las investigaciones realizadas en este ámbito por universidades y centros de investigación pública, lo que impacta negativamente el cumplimiento de las obligaciones de proteger el interés público, ya de por si debilitadas en los sexenios anteriores.
El día internacional del no uso de plaguicidas se estableció para conmemorar el accidente ocurrido en Bhopal, India, entre el 1 y el 3 de diciembre de 1984, donde se produjo una fuga al aire libre de miles de toneladas de isocianato de metilo -un compuesto utilizado para la fabricación de plaguicidas-, en una fábrica propiedad mayoritaria de la trasnacional Unión Carbide donde murieron 10.000 personas en forma inmediata, también ganado y animales doméstico, según el informe de Amnistía Internacional. Posteriormente, murieron más de 22.000 personas y más de 500.000 siguen sufriendo los efectos de la nube tóxica que abarcó varias áreas pobladas. El 6 de febrero de 2001, Unión Carbide se convirtió en una filial de la empresa Dow Chemical Company. Hasta hoy esta empresa sigue eludiendo sus responsabilidades en este desastre y en materia de derechos humanos, según este informe.
En el marco del Día Internacional del No Uso de Plaguicidas, sirva para reflexionar sobre el impacto de los agrotóxicos en nuestra salud, nuestros ecosistemas y nuestro futuro. Este día conmemora no solo la tragedia de la catástrofe de Bhopal en 1984, sino que también nos impulsa a imaginar y construir un mundo donde la producción de alimentos y el manejo de plagas no impliquen sacrificios ambientales ni riesgos para nuestras vidas.
—
Para mayor información, comunicarse con:
Fernando Bejarano [email protected] celular: 5541926483
Rocío Romero [email protected]
Yael Yvette Bernal Hernández [email protected]