Fernando Bejarano G./RAPAM
Las empresas transnacionales que dominan el mercado de los plaguicidas y semillas presionan en México y Estados Unidos para impedir se cumpla el decreto presidencial de prohibición del glifosato para el 2024 y el maíz transgénico; y se oponen a la propuesta de crear un Programa Nacional de prohibición gradual de plaguicidas altamente peligrosos y apoyo a bioinsumos, que está pendiente de dictamen en el Senado de la República.
En ambos países las transnacionales se alían con la élite del agronegocio exportador y presionan a las autoridades federales agrícolas y senadores que acaban defendiendo sus intereses. Cuatro transnacionales agrupadas en CropLife controlan el 62% del mercado de plaguicidas en el mundo: Bayer, Corteva, Grupo Syngenta y BASF (ETC 2022). Y casi una tercera parte de sus ventas mundiales son plaguicidas altamente peligrosos, como el glifosato, ligada a la expansión de los cultivos transgénicos (Public Eye2020).
En Estados Unidos, la representante de Syngenta Mary Kay Thatcher, de Iowa, fue muy clara el primero de noviembre del 2022 al dirigirse a los agricultores de maíz transgénico y señalar que si se permite que México prohíba el glifosato y maíz transgénico sentaría un precedente peligroso y podría incluir en el futuro a la soya transgénica u otros plaguicidas como clorpirifos o atrazina. Por ello tenía que aumentar la presión al presidente Biden para que “vaya con el presidente de México y le diga: ‘esto tiene que terminar'”, según un reportero presente en la reunión. Poco después, dos senadores republicanos de Iowa pedían a la representante comercial estadounidense que solicitara el establecimiento de un panel de solución de controversias por violaciones del gobierno de México al Tratado de Libre Comercio T-MEC, invocando las pérdidas económicas que ocasionaría el no seguir exportando maíz transgénico, según estudio pagado por organizaciones del agronegocio y la industria de plaguicidas de Estados Unidos y México, incluida Croplife América y Proccyt.
En México las transnacionales de CropLife están representadas por Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología (Proccyt), que es parte del Consejo Nacional Agropecuario (CNA). El vínculo es muy cercano, pues la directora de Comunicación, Asuntos Públicos, Ciencia y Sustentabilidad para Bayer es también la vicepresidenta de Comunicación del CNA y Presidenta de la Comisión de Inclusión y Diversidad del Consejo Coordinador Empresarial. Monsanto, propiedad de Bayer, continúa litigando contra la decisión gubernamental de negar permisos de siembra de maíz transgénico. Bayer sigue afirmando que el glifosato es inocuo a pesar de la evidencia científica en su contra compilada por Conacyt. El problema no es solo que sea probable carcinógeno en humanos, sino que como perturbador hormonal en dosis muy bajas puede provocar efectos dañinos sistémicos en el ser humano.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que la salud de los mexicanos es primero, en respuesta a las presiones de las transnacionales y del Secretario de Agricultura de los Estados Unidos, y que no permitirá la entrada de maíz transgénico para consumo humano, pues somos autosuficientes en maíz blanco; pero abre la posibilidad de que continúe la importación de maíz amarillo transgénico para el ganado, en caso de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), asegure que no es dañino para la salud y se logre un acuerdo con su contraparte de Estados Unidos, la FDA, de conocida postura pro-transgénica. El maíz amarillo importado se destina principalmente para la engorda del ganado que se exporta y para la agroindustria. Pero nada garantiza que si continúa esta importación no se mezcle con el maíz blanco de las tortillas o se use en alimentos procesados y termine con residuos de glifosato, como se demostró en estudio de la UNAM en 2017. Hay que considerar además que las tolerancias de residuos de glifosato en granos para el ganado en Estados Unidos pueden ser hasta 100 veces mayores que las autorizadas para consumo humano. Los efectos del consumo crónico de maíz transgénico, como cáncer, daños en los órganos y muertes prematuras, fue demostrado por Séralini. Esto y la exposición a mezclas de residuos de plaguicidas en el maíz importado (Ej.: a glifosato, dicamba, glufosinato, quizalofop y 2,4-D en MON 87429 en proceso de autorización) debería ser evaluado por Cofepris.
Por otra parte, en el Senado la presión del CNA, Proccyt y la asociación de la industria de genéricos de plaguicidas (UMFFAAC), en alianza con Rafael Espino presidente de la Comisión de Asuntos Legislativos y Nancy Sánchez presidenta de la Comisión de Agricultura, con apoyo del senador Ricardo Monreal, lograron frenar el dictamen de reforma a la Ley General de Salud para el programa nacional de prohibición gradual de plaguicidas altamente peligrosos y apoyo a bioinsumos. Aunque la Comisión de Agricultura elaborará el dictamen, su orientación dependerá en gran parte de la opinión que envíe la Secretaría de Economía, el Jurídico de Presidencia y la Secretaría de Gobernación, quienes tienen como prioridad resolver la negociación con Estados Unidos en cuanto al glifosato y maíz amarillo.
México debe defender su soberanía y poner en primer lugar la salud de los mexicanos y en su política de autosuficiencia alimentaria apoyar a los productores en la transición agroecológica hacia una agricultura sustentable (*).
Fuente: Publicado en la Jornada del Campo 17 diciembre 2022, Núm. 183
(*) Corolario posterior a la publicación: La Secretaria de Economía Raquel Buenrostro y el titular de Sader Víctor Villalobos han declarado que como parte de la negociación con Estados Unidos, México permitirá que se siga importando maíz amarillo de Estados Unidos hasta el 2025, en el supuesto que se logre elevar la producción nacional. Además Villalobos insiste en que no hay alternativas económicamente viabes para sustituir al glifosato, haciendo caso omiso de las evidencias presentadas por Conacyt y la Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria.