Fernando Bejarano, Director de RAPAM A.C.

15 Junio 2022

Un detallado informe de FIAN Internacional y Corporate Accountability, analiza la creciente influencia de la industria en la gobernanza de la Organización para la Agricultura y la Alimentación de  las Naciones Unidas (FAO), como resultado de la estrategia de impulsar las alianzas con el sector privado, al que este organismo considera un aliado estratégico para lograr las metas del desarrollo sustentable en la agenda 2030. El informe es parte de la Carta entregada a los Estados miembros del Consejo de la FAO que se reúne en Roma esta semana donde se pide poner fin a la alianza de este organismo con CropLife.

El presupuesto de la FAO proviene actualmente en mayor medida de las contribuciones voluntarias que de las cuotas pagadas por los países miembros. De un total de 2,250 millones de dólares para el presupuesto de  la FAO de 2022 a 2023, solo el 31% proviene de las cuotas pagadas por los países miembros, mientras que el 69% se espera proceda de contribuciones voluntarias por donantes, tanto de países miembros como del sector privado. Estas donaciones del sector privado bajo su control les sirven para influir en las prioridades de como serán usados estos recursos bajo condiciones de confidencialidad. Las cuentas auditadas de la FAO de los últimos cinco años no proporcionan ningún desglose detallado de las contribuciones del sector privado, todo lo cual crea una fata de transparencia, rendición de cuentas, y un  serio conflicto de intereses que llevan a una captura corporativa de este organismo, revela este informe elaborado por FIAN Internacional y Corporate Accountability.

El informe contiene un capítulo elaborado por el Pesticide Action Network International (PAN) que detalla la alianza tóxica de la  FAO con CropLife, con quien se firmó una carta de intención en octubre de 2020. CropLife es el organismo empresarial que reúne a las cinco principales transnacionales que controlan el mercado mundial de los plaguicidas de síntesis química y de semillas (híbridas y transgénicas): Bayer Crop Science (propietaria de Monsanto), Corteva Agriscience (de la fusión Dow-Dupont), Syngenta (propiedad de la estatal ChemChina), BASF y FMC. Las empresas que agrupa CropLife son responsables de la producción y venta de plaguicidas altamente peligrosos, de los que dependen casi una tercera parte (36%) de sus ventas, sesún sus propios informes, como ha denunciado anteriormente la organización Public Eye. Los plaguicidas altamente peligrosos lo son por tener características intrínsecas, dada su estructura química, relacionados con una alta probabilidad de causar cáncer en humanos, daños reproductivos, alteraciones hormonales, toxicidad ambiental o causar la muerte de polinizadores como las abejas. En resumen, agrotóxicos que vulneran el ejercicio pleno  de los derechos humanos a un ambiente limpio y saludable, a condiciones de trabajo seguras, una vida digna y los derechos de pueblos indígenas, mujeres, niños y comunidades campesinas que viven en zonas rurales expuestos a estos plaguicidas altamente peligrosos, según han denunciado una carta colectiva que pide a los miembros del Consejo de la FAO se cancele esta alianza, al igual que lo pide el relator especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la alimentación, de la que informamos en nuestro boletín anterior.

Se analiza además las alianzas de la FAO con la Asociación Internacional de Fertilizantes (IFA), que agrupa a las principales empresas de fertilizantes químicos, y con la Cámara Internacional del Comercio. En esta última participan poderosas empresas de la industria alimentaria responsables de la proliferación de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, que han contribuido al grave problema de obesidad y malnutrición en el mundo.

La estrategia de fortalecer las alianzas de la FAO con el sector privado lo aleja del multilateralismo. El multilateralismo, señala acertadamente este informe, consiste “en que los Estados lideran la toma de decisiones, regulan a los actores privados en aras del interés público y rinden cuentas ante sus ciudadanas por las decisiones que toman”; en cambio, la política que impulsa el director de la FAO es la del enfoque de múltiples partes interesadas que “implica que todos los actores que tienen un “interés” en un asunto tienen la misma voz, sin que se determinen las funciones, las responsabilidades y los desequilibrios de poder entre ellos”.

El enfoque de las múltiples partes interesadas (multistakheholder approach, en inglés) es impulsado también por el Foro Económico Mundial, permea la gobernanza del conjunto de las Naciones Unidas, y llevó a la captura corporativa  de la Cumbre de las Naciones Unidas, excluyendo a los foros más inclusivos y democráticos como el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, según el análisis de los autores del informe.  En efecto, en nuestra opinión, este enfoque de las múltiples partes interesadas fue impulsado desde hace décadas en los organismos reguladores nacionales e internacionales, y es parte de la construcción hegemónica regulatoria neoliberal que promovió la globalización y ha fortalecido al poder corporativo, debilitando la función rectora de los Estados y sus obligaciones democrático populares. 

El informe finaliza con un conjunto de recomendaciones dirigidas a la propia FAO y a los Estados miembros de este organismo, de las que destacamos, entre otras,  las siguientes:

 Recomendaciones para la FAO:

• La FAO debería poner fin a sus acuerdos de asociación con los actores corporativos, especialmente de carácter transnacional, que tienen conflictos de intereses con el mandato de la FAO. Estos incluyen, aunque no exclusivamente, los sectores de alto riesgo como el agroquímico, la comida rápida, las bebidas, el tabaco y las industrias de combustibles fósiles. En concreto, la FAO debe poner fin inmediatamente a su asociación con CropLife International.
• La FAO debería llevar a cabo un examen completo, de acuerdo con el proceso de examen de la diligencia debida y la evaluación de riesgos mediante el cotejo de todos los criterios de exclusión y otros principios incluidos en el Marco para la debida diligencia y la evaluación/gestión de riesgos en las relaciones con el sector privado y otros agentes no estatales (FRAME), de todas las asociaciones y colaboraciones existentes con entidades del sector privado que estaban en vigor antes de la adopción de la Estrategia para la colaboración con el sector privado y el FRAME, y poner fin a las que no cumplen dichos principios y criterios de exclusión.
• La FAO debería comprometerse con la plena transparencia financiera divulgando públicamente todas las contribuciones financieras de los actores del sector privado a la FAO y a sus Estados Miembros. Esta información debería incluir, al menos, la cantidad de fondos aportados por cada entidad, para qué proyectos, durante qué tiempo, y los detalles de las evaluaciones de diligencia y conflicto de intereses de esas relaciones, así como las medidas correctivas adoptadas para eliminar los conflictos de intereses.
• La FAO no debería recibir fondos de entidades privadas que estén en conflicto con el mandato de la Organización, y debería realizar todos los esfuerzos posibles para reforzar el presupuesto de la FAO con fondos públicos

Recomendaciones para los Estados Miembros:

• Los Estados Miembros deberían solicitar a la FAO que respete su mandato como organismo multilateral de las Naciones Unidas responsable de promover el derecho humano a la alimentación y a la nutrición, y que adopte medidas efectivas para acabar con la indebida influencia corporativa en su dirección estratégica y su labor.
• Los representantes de los Estados Miembros deben asegurarse de que el sector corporativo no está capturando la función de los Estados Miembros, y de no ceder las capacidades de los representantes oficiales de los gobiernos para participar en procesos democráticos y de rendición de cuentas sobre la dirección del trabajo de la FAO.
• Los Estados Miembros deberían asumir el liderazgo para garantizar que su apoyo fiscal a la FAO promueve el mandato de la Organización relativo a la seguridad, la soberanía y la justicia alimentarias, y que la FAO siga rindiendo cuentas ante los Estados Miembros.
• Los Estados Miembros deberían exigir a la FAO que haga públicas todas las contribuciones financieras de los actores del sector privado a la FAO y a sus Estados Miembros, y que adopte todas las medidas necesarias para garantizar que se tomen medidas correctivas cuando sean necesarias para preservar el mandato de la FAO y evitar que la colaboración con los actores privados tenga un impacto negativo sobre los derechos humanos o el medio ambiente.
• Los Estados Miembros deberían reformar los procedimientos de asignación de los recursos aportados voluntariamente por el sector privado, poniéndolos bajo el control directo de todos los Estados Miembros para que estos determinen su uso asignación y objetivos, así como la forma de utilizarlos.

Pensamos que la salida de la captura corporativa de la  FAO,  además de cumplir con las recomendaciones de este valioso informe, radica también en la movilización de las organizaciones sociales y grupos de la sociedad civil para exigir de sus gobiernos políticas públicas que aseguren la soberanía alimentaria y garantizen los derechos a producir y consumir alimentos sanos, libres de transgénicos y agrotóxicos; y que, en consecuencia, demanden que los organismos multilaterales contribuyan a estos fines.