Fernando Bejarano / Director de RAPAM 17 de mayo 2022
Organizaciones internacionales de la sociedad civil y de los pueblos indígenas enviaron una carta al Comité del Programa de la FAO para cancelar la asociación de este organismo multilateral con CropLife, que reúne a las principales transnacionales de la industria de plaguicidas y semillas, con motivo de la presentación del Informe sobre los progresos y logros alcanzados en la aplicación de la Estrategia de la FAO para la colaboración con el sector privado (2021- 2025) a celebrarse del 16 al 20 de mayo 2022, en Roma.
Las 11 organizaciones firmantes de la carta como el Pesticide Action Network International, FIAN internacional, la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes (IPEN) y el Consejo International de Tratados Indios, entre otros, expresan que la Carta de Intención firmada entre el Director General de la FAO, Qu Dongyu, y CropLife es una asociación estratégica que vincula a la FAO con los productores transnacionales de plaguicidas químicos que socava los esfuerzos encaminados a la prohibición progresiva de los plaguicidas altamente peligrosos, y debilita los apoyos a la agroecología, necesarios para la transformación del sistema alimentario.
Los firmantes de la carta hacen eco de la recomendación del Relator Especial de la ONU, sobe el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, quien el pasado 14 de marzo en su informe al Consejo de Derechos Humanos, recomendó al Consejo de la FAO “revisar el acuerdo con Croplife International con la vista puesta en las preocupaciones de los derechos humanos“ y pide “considerar la posibilidad de ordenar al Director General de la FAO que rescinda el acuerdo”, para evitar posibles conflictos de interés y una indebida influencia empresarial en el organismo multilateral. CropLife reúne a Bayer crop Science-Monsanto, Corteva, FMC y Syngenta (propiedad de ChemChina).
El Comité del Programa de la FAO está compuesto por representantes de los Estados miembros de Argentina, Brasil, Canadá, China, Francia, India, Iraq, Malí, Noruega, Nueva Zelandia, Sudán y Zambia, que se reúne en Roma en esta semana para discutir el Informe sobre los progresos y logros alcanzados en la aplicación de la Estrategia de la FAO para la colaboración con el sector privado (2021- 2025).
En dicho informe se destaca que la FAO ha venido firmando memos de entendimiento, intercambio de cartas ,y cartas de intención con 36 entidades del sector privado, incluidas asociaciones multinacionales, como CropLife. Los nombres de estas entidades privadas se pueden encontrar en el portal CONNECT, aunque no se desglosan los montos de las contribuciones, y a los que la FAO considera “son aliados clave en la lucha mundial contra la inseguridad alimentaria, la malnutrición y la pobreza rural (sic)” en los esfuerzos para alcanzar el hambre cero, parte de los objetivos del desarrollo sustentable para el 2030. Nos llama la atención de la lectura de este informe que la propia estrategia de la FAO en su apéndice segundo identifica como sectores de alto riesgo “que requieren una particular atención y cuidado”, a los productores de agroquímicos y a los productores de organismos modificados genéticamente (ejemplo claro en Croplife), así como a las empresas de la agricultura en gran escala y productores de bebidas azucaradas, entre otros; sin embargo, se considera que el riesgo es evaluable y manejable, y que se pueden evitar los conflictos de interés, lo que es muy cuestionable. La Carta enviada al Comité del Programa de la FAO recuerda como las trasnacionales reunidas en CropLife obtienen más de un tercio de sus ventas de plaguicidas altamente peligrosos, como demostró Public Eye, firmante también de la carta, en un informe al respecto, según datos de 2018., que pueden provocar daños irreversibles a la salud y ambiente. Miembros de RAPAL y otras organizaciones con apoyo de IPEN han documentado en América Latina el alto número de plaguicidas altamente peligrosos usados en la región.
El pragmatismo de la FAO es sorprendente, según el informe de la Estrategia para la colaboración con el sector privado se está desarrollando una metodología de análisis costo-beneficio, entre otras medidas, para integrarlo en un plan que evalué los impactos benéficos y mitigue los riesgos. El informe indica que esta estrategia de asociación con el sector privado se busca esté totalmente integrada al trabajo de la FAO a todos los niveles (país, región y sede). Sin duda, una dirección preocupante la que está tomando la FAO, en esta visión e implementación de la gobernanza mundial “de los múltiples grupos de interés” (Multistakeholderism, en inglés) que cruza a diversos organismos de las Naciones Unidas y que permite una captura corporativa creciente de estos organismos multilaterales.
FIAN internacional y Corporate Accountability están elaborando un análisis más detallado sobre la transparencia en la financiación de la FAO y la injerencia del sector privado en las políticas de este organismo multilateral, del cual informaremos cuando lo den a conocer públicamente.